“Resistencia civil” contra la mayoría y con la fuerza del Estado (en el DF)
“Resistencia civil” contra la mayoría y con la fuerza del Estado (en el DF)
Por: José Carreño Carlón
Jueves 20 de Julio de 2006 | Hora de publicación: 01:40
La llamada “resistencia” de Amlo contra los resultados electorales, no es del todo “pacífica”, pues cada día se muestra más decidida a violentar los derechos de los demás, incluyendo el ataque contra la integridad de las personas identificadas como “enemigas”.
Tampoco es del todo “civil” porque cuenta con las fuerzas políticas (no civiles) presupuestales, organizativas y de seguridad de una de las porciones más poderosas del Estado mexicano, como lo ha reconocido de palabra y obra el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Y, desde luego, esta “resistencia” cuenta con la capacidad económica y de movilización del PRD, segundo partido político —no civil— más votado y más abiertamente sustentado en el manejo de organizaciones clientelares y grupos de choque.
Se trata de una resistencia eminentemente política contra una mayoría de la población expresada en las urnas: una mayoría que votó contra la opción que ahora se resiste a que concluya sin contratiempos el proceso electoral. Y una mayoría, en fin, de ciudadanos que a menos de tres semanas de las elecciones crece en su rechazo a la opción pro Amlo, a raíz de la campaña postelectoral de éste, tendiente a revertir el resultado electoral.
Es la “resistencia”, asimismo, de un grupo de poder político que alienta en sus clientelas expresiones de clara proclividad a la violencia, contra el sentir de una mayoría absoluta de la población, medida en la segunda semana postelectoral, que “rechaza un nuevo recuento voto por voto de las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio, como lo exige el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador”, de acuerdo con un despacho de la agencia española EFE, del pasado 15 de julio, distribuido ayer en el encuentro en que participo en Oxford sobre Política Global de los Medios.
La agencia española se refiere a un sondeo telefónico publicado el sábado por Reforma, y que resultó revelador para un público que se enteró aquí de que un 60 por ciento de los mexicanos no considera necesario un recuento de cada sufragio emitido, y que sólo el 37 por ciento está de acuerdo con llevarlo a cabo.
Expresamente, la encuesta establece —sigue EFE— que “el 60 por ciento considera confiables los resultados de los comicios que difundió el Instituto Federal Electoral (IFE), y que dieron el mayor número de votos al candidato conservador del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón”.
Incluso, en respuesta a otra pregunta, “la mayoría de los encuestados (75 por ciento) confía en la imparcialidad del IFE”, continúa el despacho de la agencia.
Pero acaso más revelador resulta el dato de que en “una hipotética segunda vuelta presidencial, y de acuerdo con los datos publicados, Calderón aventajaría con un 46 por ciento a López Obrador, quien ahora obtendría un 33 por ciento”.
La parte del Estado controlada por el PRD, contra la mayoría
Estos datos marcan una tendencia semejante a la de la encuesta GEA-ISA que comentábamos ayer aquí, de un artículo de Ciro Gómez Leyva (Milenio) quien en este punto establece que “no sorprende… que a la pregunta de por quién votaría (el encuestado) si hoy se celebraran las elecciones, la ventaja de Felipe Calderón se amplíe a ocho puntos: derrotaría a López Obrador por 43 a 35”.
GEA-ISA encontró que el 15% —“sólo dos millones de personas que votaron” por Amlo, cuantifica Gómez Leyva— “están a favor de que se anulen las elecciones”, mientras “23 por ciento, es decir, más de tres millones de ciudadanos que sufragaron por López Obrador, no ven con buenos ojos la convocatoria a movilizaciones”. “No todos los que votaron por López Obrador comparten la idea del fraude” —concluye el periodista—. “Y tres millones de ellos, tres veces la gente que lo vitoreó el domingo en el Zócalo, se oponen a la estrategia de trasladar a las calles un asunto que es dirimible en los tribunales”.
A pesar de ello, a las agresiones —físicas y verbales— del martes contra Calderón se unieron ayer las acciones contra Banamex, sus empleados, sus clientes y los transeúntes, ambos episodios en el DF.
Y resulta que aún suponiendo que no hayan participado las capacidades y los recursos de movilización del GDF en esos episodios, la responsabilidad de los hechos recae en ese órgano del Estado mexicano, que no sólo está impedido de actuar directamente contra los derechos de las personas, sino a evitar que otros lo hagan.
El problema es que, en ambos casos, quienes violentaron los derechos de las personas son brazos reconocidos de un movimiento que tiene una de sus sedes en la cabeza del gobierno del Distrito Federal, en esta parte del Estado mexicano controlada por el PRD, como lo muestran las expresiones de su jefe y los pendones que cuelgan del antiguo Ayuntamiento.
Y esto abre la puerta a una grave responsabilidad constitucional en el ejercicio del poder.
jose.carreno@uia.mx
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=252123
Por: José Carreño Carlón
Jueves 20 de Julio de 2006 | Hora de publicación: 01:40
La llamada “resistencia” de Amlo contra los resultados electorales, no es del todo “pacífica”, pues cada día se muestra más decidida a violentar los derechos de los demás, incluyendo el ataque contra la integridad de las personas identificadas como “enemigas”.
Tampoco es del todo “civil” porque cuenta con las fuerzas políticas (no civiles) presupuestales, organizativas y de seguridad de una de las porciones más poderosas del Estado mexicano, como lo ha reconocido de palabra y obra el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Y, desde luego, esta “resistencia” cuenta con la capacidad económica y de movilización del PRD, segundo partido político —no civil— más votado y más abiertamente sustentado en el manejo de organizaciones clientelares y grupos de choque.
Se trata de una resistencia eminentemente política contra una mayoría de la población expresada en las urnas: una mayoría que votó contra la opción que ahora se resiste a que concluya sin contratiempos el proceso electoral. Y una mayoría, en fin, de ciudadanos que a menos de tres semanas de las elecciones crece en su rechazo a la opción pro Amlo, a raíz de la campaña postelectoral de éste, tendiente a revertir el resultado electoral.
Es la “resistencia”, asimismo, de un grupo de poder político que alienta en sus clientelas expresiones de clara proclividad a la violencia, contra el sentir de una mayoría absoluta de la población, medida en la segunda semana postelectoral, que “rechaza un nuevo recuento voto por voto de las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio, como lo exige el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador”, de acuerdo con un despacho de la agencia española EFE, del pasado 15 de julio, distribuido ayer en el encuentro en que participo en Oxford sobre Política Global de los Medios.
La agencia española se refiere a un sondeo telefónico publicado el sábado por Reforma, y que resultó revelador para un público que se enteró aquí de que un 60 por ciento de los mexicanos no considera necesario un recuento de cada sufragio emitido, y que sólo el 37 por ciento está de acuerdo con llevarlo a cabo.
Expresamente, la encuesta establece —sigue EFE— que “el 60 por ciento considera confiables los resultados de los comicios que difundió el Instituto Federal Electoral (IFE), y que dieron el mayor número de votos al candidato conservador del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón”.
Incluso, en respuesta a otra pregunta, “la mayoría de los encuestados (75 por ciento) confía en la imparcialidad del IFE”, continúa el despacho de la agencia.
Pero acaso más revelador resulta el dato de que en “una hipotética segunda vuelta presidencial, y de acuerdo con los datos publicados, Calderón aventajaría con un 46 por ciento a López Obrador, quien ahora obtendría un 33 por ciento”.
La parte del Estado controlada por el PRD, contra la mayoría
Estos datos marcan una tendencia semejante a la de la encuesta GEA-ISA que comentábamos ayer aquí, de un artículo de Ciro Gómez Leyva (Milenio) quien en este punto establece que “no sorprende… que a la pregunta de por quién votaría (el encuestado) si hoy se celebraran las elecciones, la ventaja de Felipe Calderón se amplíe a ocho puntos: derrotaría a López Obrador por 43 a 35”.
GEA-ISA encontró que el 15% —“sólo dos millones de personas que votaron” por Amlo, cuantifica Gómez Leyva— “están a favor de que se anulen las elecciones”, mientras “23 por ciento, es decir, más de tres millones de ciudadanos que sufragaron por López Obrador, no ven con buenos ojos la convocatoria a movilizaciones”. “No todos los que votaron por López Obrador comparten la idea del fraude” —concluye el periodista—. “Y tres millones de ellos, tres veces la gente que lo vitoreó el domingo en el Zócalo, se oponen a la estrategia de trasladar a las calles un asunto que es dirimible en los tribunales”.
A pesar de ello, a las agresiones —físicas y verbales— del martes contra Calderón se unieron ayer las acciones contra Banamex, sus empleados, sus clientes y los transeúntes, ambos episodios en el DF.
Y resulta que aún suponiendo que no hayan participado las capacidades y los recursos de movilización del GDF en esos episodios, la responsabilidad de los hechos recae en ese órgano del Estado mexicano, que no sólo está impedido de actuar directamente contra los derechos de las personas, sino a evitar que otros lo hagan.
El problema es que, en ambos casos, quienes violentaron los derechos de las personas son brazos reconocidos de un movimiento que tiene una de sus sedes en la cabeza del gobierno del Distrito Federal, en esta parte del Estado mexicano controlada por el PRD, como lo muestran las expresiones de su jefe y los pendones que cuelgan del antiguo Ayuntamiento.
Y esto abre la puerta a una grave responsabilidad constitucional en el ejercicio del poder.
jose.carreno@uia.mx
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=252123
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