Impunidad política
Jesús Reyes- Heroles G.G.
21 de julio de 2006
La evolución del país es incesante, pero su avance se presenta por bloques. El inicio de los periodos sexenales ha marcado, y lo sigue haciendo, puntos de inflexión en ese proceso de cambio ininterrumpido. El de ahora dejará una huella muy profunda en el devenir nacional.
Muchas características de México no se modificarán de cuajo. La próxima administración iniciará su esfuerzo en un país de desarrollo medio, que se distingue por su heterogeneidad étnica y social, marcado por diferencias enormes y lacerantes entre quienes más tienen y quienes nada poseen, rezagado en transformaciones estructurales respecto de otros países, con déficit sustancial de infraestructura, en especial de la urbana, con un producto que crece mucho menos de lo necesario, que por falta de oportunidades expulsa más de 400 mil ciudadanos cada año, con una economía de mercado, y vecino de Estados Unidos.
Sin embargo, en muchos otros aspectos México será muy distinto a partir del próximo 1 de diciembre. Quizá la diferencia más importante sea que una tercera parte de la ciudadanía estará decepcionada de la democracia, poco identificada con un programa de gobierno que no sentirá suyo, con frustración por lo que considerará un escenario poco promisorio y falto de oportunidades, y movida por el rencor producto del discurso polarizante de López Obrador y de las respuestas que provoca, capaces de prolongar su encono. Desde la elección de 1988 no se presentaba una mezcla tan desafortunada, justo cuando el inicio de una nueva administración permitiría actualizar políticas y renovar la esperanza de paz, democracia, prosperidad y equidad.
Los activos institucionales también estarán muy mellados. En primer lugar, la Presidencia de la República, como resultado de estilos personales que más que transmitir sencillez y afabilidad, acabaron siendo objeto de burla (el Presidente con la camiseta verde, la cara pintada, y golpeando la cabeza de su esposa). A esto suma la práctica cotidiana y con frecuencia indispensable de aclarar "lo que Vicente quiso decir", los desmentidos desde la Casa Blanca y, en general, una percepción de falta de autoridad que vulnera la esencia de la Presidencia. Los partidos políticos, en vez de actuar como agentes de cambio se mostraron como barreras a la participación política de simpatizantes y militantes, así como factores de inmovilismo y rezago. Además, sus liderazgos acabaron muy desprestigiados y objeto de un amplio rechazo de la ciudadanía. Los gobernadores se quedaron a medio camino, sin constituirse como ejes reales del poder de sus partidos. Llevará muchos meses reconstruirlos.
El saldo definitivo del daño causado al IFE, y eventualmente al Trife, está por determinarse. A pesar del esfuerzo de algunos líderes de opinión por poner el desempeño del IFE en perspectiva, la última encuesta nacional en hogares de GEA-ISA señala que el porcentaje de los ciudadanos que afirmaba que el IFE garantizaba la imparcialidad de las elecciones disminuyó de 79% en junio a 56% en julio. Esto responde directamente a que 76% de quienes votaron por AMLO afirman que el IFE no es confiable. La factura final estará inevitablemente marcada por el fallo del Trife que, sin duda, será insatisfactorio para AMLO y su círculo más cercano. Según la encuesta referida, 50% de los ciudadanos está en desacuerdo con que AMLO impugne los resultados ante el Trife, y el mismo porcentaje cree que el tribunal es un juez imparcial. Además, 57% está contra las movilizaciones del PRD. Sólo el tiempo podrá sanar de manera definitiva las heridas que este proceso le infligirá a las autoridades electorales.
La tensión, fricciones y enfrentamientos asociados con la campaña, la elección y el periodo postelectoral afectaron el ánimo social en el sentido de reforzar, para unos, su resistencia y oposición a reformas estructurales adicionales. Es previsible una actitud de gran cerrazón al respecto por parte de la cúpula del PRD, más que de sus bases. De continuar las cosas como van, así como los errores de AMLO, ese partido dañará gravemente a la izquierda en su conjunto, debido a sus planteamientos delirantes y actitudes de populismo, intransigencia y autoritarismo. La izquierda crítica, heredera de la visión de los partidos comunistas europeos y coincidente con las experiencias de izquierda exitosas en América Latina, quedará enterrada debajo de una regresión hacia el populismo, la destrucción de instituciones y el desdén por el estado de derecho.
En ese contexto, la pregunta más relevante se refiere a las perspectivas de preservar una convivencia social pacífica, que permita a México construir un futuro mejor. Todo lo que hagan todos los actores políticos hoy, tendrá un costo social inmediato y electoral en 2009. La apertura de un margen político mínimo que permita al país dilucidar democráticamente su futuro requiere de una convivencia social positiva.
Todo indica que a partir de su rechazo sistemático y permanente de cualquier resultado electoral que no le dé el triunfo, López Obrador estará dispuesto a seguir actuando contra esa necesaria convivencia social, encontrando eco en los radicales del otro extremo. La situación ha degradado a México al punto de quedar atrapado entre las amenazas de López Obrador a la estabilidad del país, su no condena del incidente contra Calderón en la calle y, en el otro extremo, quienes tasajearon las expresiones de artistas mexicanos en apoyo de AMLO. Estos eventos no son producto de masas descontroladas, sino de militantes y simpatizantes envenenados ideológicamente, por lo que la responsabilidad recae en los autores de la convocatoria a la polarización de ambas partes.
Cuando concluya el proceso postelectoral, las conciencias de todos quedarán muy sacudidas. El daño al país es tan profundo que sus autores no deben quedar impunes. Una cosa es agotar los recursos de impugnación y otra ahogar a la sociedad en la provocación. Al final será la ciudadanía quien determinará la naturaleza y severidad de su sanción política.
jreyes@structura.com.mx
Economista
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/34956.html
21 de julio de 2006
La evolución del país es incesante, pero su avance se presenta por bloques. El inicio de los periodos sexenales ha marcado, y lo sigue haciendo, puntos de inflexión en ese proceso de cambio ininterrumpido. El de ahora dejará una huella muy profunda en el devenir nacional.
Muchas características de México no se modificarán de cuajo. La próxima administración iniciará su esfuerzo en un país de desarrollo medio, que se distingue por su heterogeneidad étnica y social, marcado por diferencias enormes y lacerantes entre quienes más tienen y quienes nada poseen, rezagado en transformaciones estructurales respecto de otros países, con déficit sustancial de infraestructura, en especial de la urbana, con un producto que crece mucho menos de lo necesario, que por falta de oportunidades expulsa más de 400 mil ciudadanos cada año, con una economía de mercado, y vecino de Estados Unidos.
Sin embargo, en muchos otros aspectos México será muy distinto a partir del próximo 1 de diciembre. Quizá la diferencia más importante sea que una tercera parte de la ciudadanía estará decepcionada de la democracia, poco identificada con un programa de gobierno que no sentirá suyo, con frustración por lo que considerará un escenario poco promisorio y falto de oportunidades, y movida por el rencor producto del discurso polarizante de López Obrador y de las respuestas que provoca, capaces de prolongar su encono. Desde la elección de 1988 no se presentaba una mezcla tan desafortunada, justo cuando el inicio de una nueva administración permitiría actualizar políticas y renovar la esperanza de paz, democracia, prosperidad y equidad.
Los activos institucionales también estarán muy mellados. En primer lugar, la Presidencia de la República, como resultado de estilos personales que más que transmitir sencillez y afabilidad, acabaron siendo objeto de burla (el Presidente con la camiseta verde, la cara pintada, y golpeando la cabeza de su esposa). A esto suma la práctica cotidiana y con frecuencia indispensable de aclarar "lo que Vicente quiso decir", los desmentidos desde la Casa Blanca y, en general, una percepción de falta de autoridad que vulnera la esencia de la Presidencia. Los partidos políticos, en vez de actuar como agentes de cambio se mostraron como barreras a la participación política de simpatizantes y militantes, así como factores de inmovilismo y rezago. Además, sus liderazgos acabaron muy desprestigiados y objeto de un amplio rechazo de la ciudadanía. Los gobernadores se quedaron a medio camino, sin constituirse como ejes reales del poder de sus partidos. Llevará muchos meses reconstruirlos.
El saldo definitivo del daño causado al IFE, y eventualmente al Trife, está por determinarse. A pesar del esfuerzo de algunos líderes de opinión por poner el desempeño del IFE en perspectiva, la última encuesta nacional en hogares de GEA-ISA señala que el porcentaje de los ciudadanos que afirmaba que el IFE garantizaba la imparcialidad de las elecciones disminuyó de 79% en junio a 56% en julio. Esto responde directamente a que 76% de quienes votaron por AMLO afirman que el IFE no es confiable. La factura final estará inevitablemente marcada por el fallo del Trife que, sin duda, será insatisfactorio para AMLO y su círculo más cercano. Según la encuesta referida, 50% de los ciudadanos está en desacuerdo con que AMLO impugne los resultados ante el Trife, y el mismo porcentaje cree que el tribunal es un juez imparcial. Además, 57% está contra las movilizaciones del PRD. Sólo el tiempo podrá sanar de manera definitiva las heridas que este proceso le infligirá a las autoridades electorales.
La tensión, fricciones y enfrentamientos asociados con la campaña, la elección y el periodo postelectoral afectaron el ánimo social en el sentido de reforzar, para unos, su resistencia y oposición a reformas estructurales adicionales. Es previsible una actitud de gran cerrazón al respecto por parte de la cúpula del PRD, más que de sus bases. De continuar las cosas como van, así como los errores de AMLO, ese partido dañará gravemente a la izquierda en su conjunto, debido a sus planteamientos delirantes y actitudes de populismo, intransigencia y autoritarismo. La izquierda crítica, heredera de la visión de los partidos comunistas europeos y coincidente con las experiencias de izquierda exitosas en América Latina, quedará enterrada debajo de una regresión hacia el populismo, la destrucción de instituciones y el desdén por el estado de derecho.
En ese contexto, la pregunta más relevante se refiere a las perspectivas de preservar una convivencia social pacífica, que permita a México construir un futuro mejor. Todo lo que hagan todos los actores políticos hoy, tendrá un costo social inmediato y electoral en 2009. La apertura de un margen político mínimo que permita al país dilucidar democráticamente su futuro requiere de una convivencia social positiva.
Todo indica que a partir de su rechazo sistemático y permanente de cualquier resultado electoral que no le dé el triunfo, López Obrador estará dispuesto a seguir actuando contra esa necesaria convivencia social, encontrando eco en los radicales del otro extremo. La situación ha degradado a México al punto de quedar atrapado entre las amenazas de López Obrador a la estabilidad del país, su no condena del incidente contra Calderón en la calle y, en el otro extremo, quienes tasajearon las expresiones de artistas mexicanos en apoyo de AMLO. Estos eventos no son producto de masas descontroladas, sino de militantes y simpatizantes envenenados ideológicamente, por lo que la responsabilidad recae en los autores de la convocatoria a la polarización de ambas partes.
Cuando concluya el proceso postelectoral, las conciencias de todos quedarán muy sacudidas. El daño al país es tan profundo que sus autores no deben quedar impunes. Una cosa es agotar los recursos de impugnación y otra ahogar a la sociedad en la provocación. Al final será la ciudadanía quien determinará la naturaleza y severidad de su sanción política.
jreyes@structura.com.mx
Economista
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/34956.html


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