¿ESTO ES GUERRA SUCIA O ES SIMPLEMENTE INFORMAR, COMUNICAR UN HECHO REAL, UN HECHO QUE SI OCURRIÓ?
AMLO: politizar el Estado de derecho
--------------------------------------------------------------------------------
INDICADOR POLITICO
AMLO: politizar el Estado de derecho
Marchas: agitar el DF para eludir la ley
Carlos Ramírez
Más que la hipotética candidatura presidencial en el 2006, el conflicto PGR-Andrés Manuel López Obrador gira en torno a dos puntos clave: el respecto al Estado de derecho y el otorgamiento de seguridad jurídica a los ciudadanos. El jefe de gobierno del DF se negó a cumplir con la ley de amparo y desatendió cuatro requerimientos del juez 9º para cumplir con el respeto a un amparo.
La decisión de la PGR de solicitar el desafuero de López para enjuiciarlo penalmente por el incumplimiento de un amparo será la prueba de fuego del PRD en el poder: o politiza un asunto legal e incendia la ciudad sacando a la gente a la calle en protestas al estilo Hugo Chávez o acepta el Estado de derecho y reconoce López que desacató el mandato de un juez.
Como lo había adelantado Indicador Político el pasado miércoles 12 de mayo, la PGR se disponía a obedecer la solicitud del juez 9º de distrito en materia administrativa, el mismo que había amparado a los dueños de dos predios en El Encino y había dictaminado legalmente que el gobierno de López debería de suspender las obras en esa zona y regresarle los terrenos porque la expropiación no justificaba la obra pública.
El tabasqueño puede manipular sus conferencias de prensa para llamarse perseguido y declarar que le tienen miedo a su victoria presidencial en el 2006, pero los plazos fatales fueron señalados por un juez, no por la PGR. Para evitar la solicitud de desafuero, López debió de haber obedecido la orden de un juez. Sin embargo, el jefe de gobierno capitalino pasó por encima de un amparo.
Si el conflicto es legal --un particular se inconformó con una expropiación, solicitó un amparo, un juez se lo otorgó--, entonces López está obligado a ceñirse al mandato de la ley. Pero como ha ocurrido en los últimos meses, el tabasqueño ve complots por todos lados en contra de lo que considera ya su victoria adelantada en las elecciones presidenciales del 2006.
La respuesta del jefe de gobierno del DF ha sido desproporcionada. En cuatro ocasiones compareció ante las autoridades y en cuatro ocasiones se negó a atender la decisión de un juez. Y cuando la PGR anunció la solicitud de desafuero a petición de un juez, López mandó un mensaje de desprecio y una definición política con la respuesta a través de Martí Batres Guadarrama, subsecretario de Gobierno del DF y golpeador político del tabasqueño. Lo censurable de López fue que usó a un funcionario que no es abogado porque no está titulado para responder a un grave conflicto legal. De ese tamaño fue el desprecio de López al Estado de derecho.
Lo grave de la conducta autoritaria del jefe de gobierno del DF es que no se trata de un asunto reciente. El amparo definitivo a los dueños de los predios fue otorgado el 14 de marzo del 2001. Durante tres años, López ignoró la ley, no cumplió con el mandato de un juez y realizó las obras a su antojo en la zona. Peor aún, usó a la policía para impedir la entrada de personas a la zona de conflicto.
Durante tres años, López se negó a respetar un amparo, sin duda la figura jurídica más benéfica para los ciudadanos. La PGR inició en marzo del 2001 la averiguación previa por incumplimiento del amparo No. 1339/FESPLE/2001. En enero de 2002, en un recurso de revisión, el 7º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó que el jefe de gobierno del DF había violado la suspensión definitiva de los dueños de El Encino. El 20 de junio del 2003, la empresa pidió que se actuara en contra del jefe de gobierno.
Lo grave del asunto fue que el propio López fue notificado del conflicto legal después del 22 de marzo del 2004, como lo aceptó el declaración ministerial. Por tanto, la negativa a acatar un amparo fue un acto de conciente autoritarismo político y de gobierno. Como jefe de gobierno, López tenía la obligación legal de cumplir con la suspensión de las obras. Y no lo hizo.
Por tanto, el caso de El Encino no tiene nada que ver con el 2006. El tabasqueño y el PRD van a politizar un conflicto legal. Sin embargo, los legisladores que analicen el juicio de procedencia deberán de atender al expediente judicial, no al político. Al final de cuentas, López se negó a respetar el Estado de derecho y no quiso otorgarle seguridad jurídica a los ciudadanos.
Los tiempos jurídicos no benefician a López. Es muy temprano para definir candidaturas. Por tanto, el jefe de gobierno es sólo un aspirante más a la candidatura perredista a la presidencia de la república para el 2006. Por lo demás, los tiempos jurídicos fueron los legales. En cuatro ocasiones compareció López ante el juez para defender su caso y el juez estableció la fecha límite del 14 de mayo para que la PGR solicitará el enjuiciamiento de un gobernante que desacató un amparo, abusó de la autoridad y rompió el Estado de derecho.
Las rutas de escape de López no existen. Suspendió los trabajos en El Encino hasta febrero del 2002, pero el juez 9º decretó la violación del amparo en agosto del 2001. Es decir, la suspensión de obras fue después de cometido el delito de desacato. El juez valoró la suspensión pero aún así acusó a López de violar un amparo. Sin el respeto al amparo, los ciudadanos quedarían a merced del autoritarismo del Estado y de sus funcionarios.
Por tanto, el conflicto en El Encino es jurídico, no político y menos de movilización de masas. López podrá sacar a la gente a las calles para incendiar la ciudad y hasta el país, pero queda asentado en el expediente que el jefe de gobierno del DF no obedeció un amparo. Lo demás será manipulación de las pasiones de las masas y el PRD podría será lanzado a una aventura populista que dañará su imagen y lo mostrará como un partido del conflicto social y no como un partido en el gobierno.
www.indicador-politico.com.mx
cramirez@lacrisis.com.mx
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum04%7C20040519014739
--------------------------------------------------------------------------------
INDICADOR POLITICO
AMLO: politizar el Estado de derecho
Marchas: agitar el DF para eludir la ley
Carlos Ramírez
Más que la hipotética candidatura presidencial en el 2006, el conflicto PGR-Andrés Manuel López Obrador gira en torno a dos puntos clave: el respecto al Estado de derecho y el otorgamiento de seguridad jurídica a los ciudadanos. El jefe de gobierno del DF se negó a cumplir con la ley de amparo y desatendió cuatro requerimientos del juez 9º para cumplir con el respeto a un amparo.
La decisión de la PGR de solicitar el desafuero de López para enjuiciarlo penalmente por el incumplimiento de un amparo será la prueba de fuego del PRD en el poder: o politiza un asunto legal e incendia la ciudad sacando a la gente a la calle en protestas al estilo Hugo Chávez o acepta el Estado de derecho y reconoce López que desacató el mandato de un juez.
Como lo había adelantado Indicador Político el pasado miércoles 12 de mayo, la PGR se disponía a obedecer la solicitud del juez 9º de distrito en materia administrativa, el mismo que había amparado a los dueños de dos predios en El Encino y había dictaminado legalmente que el gobierno de López debería de suspender las obras en esa zona y regresarle los terrenos porque la expropiación no justificaba la obra pública.
El tabasqueño puede manipular sus conferencias de prensa para llamarse perseguido y declarar que le tienen miedo a su victoria presidencial en el 2006, pero los plazos fatales fueron señalados por un juez, no por la PGR. Para evitar la solicitud de desafuero, López debió de haber obedecido la orden de un juez. Sin embargo, el jefe de gobierno capitalino pasó por encima de un amparo.
Si el conflicto es legal --un particular se inconformó con una expropiación, solicitó un amparo, un juez se lo otorgó--, entonces López está obligado a ceñirse al mandato de la ley. Pero como ha ocurrido en los últimos meses, el tabasqueño ve complots por todos lados en contra de lo que considera ya su victoria adelantada en las elecciones presidenciales del 2006.
La respuesta del jefe de gobierno del DF ha sido desproporcionada. En cuatro ocasiones compareció ante las autoridades y en cuatro ocasiones se negó a atender la decisión de un juez. Y cuando la PGR anunció la solicitud de desafuero a petición de un juez, López mandó un mensaje de desprecio y una definición política con la respuesta a través de Martí Batres Guadarrama, subsecretario de Gobierno del DF y golpeador político del tabasqueño. Lo censurable de López fue que usó a un funcionario que no es abogado porque no está titulado para responder a un grave conflicto legal. De ese tamaño fue el desprecio de López al Estado de derecho.
Lo grave de la conducta autoritaria del jefe de gobierno del DF es que no se trata de un asunto reciente. El amparo definitivo a los dueños de los predios fue otorgado el 14 de marzo del 2001. Durante tres años, López ignoró la ley, no cumplió con el mandato de un juez y realizó las obras a su antojo en la zona. Peor aún, usó a la policía para impedir la entrada de personas a la zona de conflicto.
Durante tres años, López se negó a respetar un amparo, sin duda la figura jurídica más benéfica para los ciudadanos. La PGR inició en marzo del 2001 la averiguación previa por incumplimiento del amparo No. 1339/FESPLE/2001. En enero de 2002, en un recurso de revisión, el 7º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó que el jefe de gobierno del DF había violado la suspensión definitiva de los dueños de El Encino. El 20 de junio del 2003, la empresa pidió que se actuara en contra del jefe de gobierno.
Lo grave del asunto fue que el propio López fue notificado del conflicto legal después del 22 de marzo del 2004, como lo aceptó el declaración ministerial. Por tanto, la negativa a acatar un amparo fue un acto de conciente autoritarismo político y de gobierno. Como jefe de gobierno, López tenía la obligación legal de cumplir con la suspensión de las obras. Y no lo hizo.
Por tanto, el caso de El Encino no tiene nada que ver con el 2006. El tabasqueño y el PRD van a politizar un conflicto legal. Sin embargo, los legisladores que analicen el juicio de procedencia deberán de atender al expediente judicial, no al político. Al final de cuentas, López se negó a respetar el Estado de derecho y no quiso otorgarle seguridad jurídica a los ciudadanos.
Los tiempos jurídicos no benefician a López. Es muy temprano para definir candidaturas. Por tanto, el jefe de gobierno es sólo un aspirante más a la candidatura perredista a la presidencia de la república para el 2006. Por lo demás, los tiempos jurídicos fueron los legales. En cuatro ocasiones compareció López ante el juez para defender su caso y el juez estableció la fecha límite del 14 de mayo para que la PGR solicitará el enjuiciamiento de un gobernante que desacató un amparo, abusó de la autoridad y rompió el Estado de derecho.
Las rutas de escape de López no existen. Suspendió los trabajos en El Encino hasta febrero del 2002, pero el juez 9º decretó la violación del amparo en agosto del 2001. Es decir, la suspensión de obras fue después de cometido el delito de desacato. El juez valoró la suspensión pero aún así acusó a López de violar un amparo. Sin el respeto al amparo, los ciudadanos quedarían a merced del autoritarismo del Estado y de sus funcionarios.
Por tanto, el conflicto en El Encino es jurídico, no político y menos de movilización de masas. López podrá sacar a la gente a las calles para incendiar la ciudad y hasta el país, pero queda asentado en el expediente que el jefe de gobierno del DF no obedeció un amparo. Lo demás será manipulación de las pasiones de las masas y el PRD podría será lanzado a una aventura populista que dañará su imagen y lo mostrará como un partido del conflicto social y no como un partido en el gobierno.
www.indicador-politico.com.mx
cramirez@lacrisis.com.mx
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum04%7C20040519014739
posted by Información Política at
6:23 PM
<< Home